Para un amplio sector de columnistas y líderes opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro los escándalos que han causado el deterioro de la imagen del gobierno y del primer mandatario tienen su origen en el entorno que lo rodea y en la persona misma del presidente.

Las expresiones de malestar de la ciudadanía lejos están de la virulencia, el extremismo y la violencia de las promovidas, organizadas y azuzadas por el petrismo y las izquierdas radicales   durante el gobierno Duque a quien exigían renunciar en sus movilizaciones y derrocar en el ensayo insurreccional de 2021. Las movilizaciones del presente, por el contrario, se han caracterizado por su pacifismo y espíritu civilista. Una foto para la historia es el mejor argumento para demostrar lo que decimos. Un grupo de policías del Esmad o policía antimotines, se ven sentados alrededor de una estatua dentro del edificio del Congreso mientras en la plaza de Bolívar desfilan miles de miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía y ciudadanos en protesta contra el gobierno Petro. Ni en esa ni en anteriores marchas y concentraciones realizadas en varias ciudades hubo desórdenes ni piedra ni incendios ni destrucción de instalaciones policiales ni enfrentamientos fatales como los promovidos por la primera línea en Colombia en 2021.

Toda la bulla, todo el descontento actual, nace como lógica manifestación de rechazo con los desvaríos, errores, proyectos destructivos, improvisaciones, ignorancia de la función pública y del manejo de las instituciones, del irrespeto a la institucionalidad, de los choques  con las otras ramas del poder del estado, de las mentiras, del nepotismo, de las amenazas, del estilo pendenciero de Petro, de las denuncias explícitas y sugeridas de sus alfiles sobre malos manejos de dineros en la campaña presidencial, de su cercanía y favorecimiento a grupos armados guerrilleros y de mafias y criminales comunes. En fin, se cosecha lo que se siembra.

Algunos sectores piden la renuncia de Petro, esa consigna en sí misma no constituye una acción ilegal, debe leerse como una reacción ante la evidencia de tan malos procederes y pésimos resultados. Por otra parte, nadie les ha negado el derecho que tienen a defenderse todos los que están involucrados en los escándalos de corrupción, ni el hijo de Petro, ni él mismo ni ninguno de sus funcionarios caídos en desgracia.

Esto nos debe llevar a dos conclusiones, no es correcto que el gobierno y quien lo preside asuma una actitud de autovictimización o de autoexpiación de culpa diciendo que los mandatarios de antes cometieron iguales desmanes. La discusión no tiene porqué girar en torno a si hay o no garantías para los señalados, sobre si es legal o ilegal el manejo que se le está dando a la situación, puesto que todos los pasos dados no han rebasado los límites de la legalidad.

Por eso, las palabras pronunciadas por el expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria Trujillo al fijar como un deber de los colombianos “luchar para garantizar que el mandato de Petro vaya hasta el 2026…” Han causado gran revuelo y desconcierto. No es para menos porque no hay señales de un complot que tenga por fin “tumbar” al presidente o darle un golpe de estado. Reiteremos, todos los elementos de la crisis que atraviesa salen del interior del gobierno.

¿Qué busca, entonces, el capitán del resquebrajado y dividido partido liberal? ¿Retomar el liderazgo perdido de su partido venido a menos bajo su dirección? ¿Busca firmar una alianza con Petro sirviéndole de salvavidas? ¿Naufragar dándole la mano a quien se arrojó a aguas profundas sin saber nadar?

No se entiende ni se ve bien que uno de los partidos, sostén con el conservatismo desde mediados del siglo XIX de las instituciones que nos han regido, que uno de los dos partidos tradicionales fustigado por las izquierdas armadas y civiles como estandarte de una sociedad esclavista y de una oligarquía sanguinaria, salga en defensa de un gobierno que se destruye a sí mismo, de un presidente que no es víctima de una oposición violenta, y que se consume en el fuego de sus incoherencias, yerros e incapacidad y de las denuncias de su hijo y de su jefe de campaña.

Darío Acevedo Carmona, 13 de agosto de 2023

A escaso un año de cumplir 60, intentando inútilmente tomar el poder con las armas, el Eln se sienta a negociar la paz con el estado que no ha podido derrotar, empezando por un breve cese al fuego que no es tal y con un gobierno que tiene el agua al cuello por las acusaciones contra la campaña de haber recibido dineros de origen espurio y rebasado los topes de ley.

Varias reflexiones afloran sin gran dificultad. La primera se origina en el discurso del presidente Petro en Corferias (Bogotá) en el que les pidió a los jefes del grupo guerrillero dejar de usar esos “fusiles oxidados”, armas que a pesar de su corrosión han matado a miles de inocentes. Aunque suenan razonables las palabras de Petro porque los fusiles no han sido eficaces para alcanzar el objetivo final y principal, la metáfora de la oxidación de esas armas omite una conclusión merecida, ya que, habría que reclamarles a los comandantes elenos, que, con ellas, han cometido innumerables crímenes de guerra y causado tragedias inenarrables contra poblaciones, personas, soldados, policías y medio ambiente. Oxidados sí, pero embadurnados con sangre.

La segunda tiene relación con el abrazo entusiasmado del presidente Petro a alias “Pablo Beltrán”, que constituye una burla a la majestad del cargo que ostenta. Porque una cosa es tratar con cortesía al enemigo, a pesar de que ese enemigo haya sido tan inclemente con la sociedad, y muy otra es despojarse de esa dignidad para abrazar con viva emoción, cual camaradas, con los comandantes de esa guerrilla. De esa forma se transmite un peligroso mensaje a la opinión en el sentido de que ellos, los elenos, son hermanos que equivocaron el rumbo,  se da a entender que es lo mismo la institucionalidad que la ilegalidad, que hay que abrirles todos los campos posibles para que dejen sus oxidados fusiles, que no se les exija el cese del secuestro y la extorsión, que no se les va a juzgar ni a penalizar, que recibirán todo tipo de recursos y garantías. Que su socorrida, mentirosa y demagógica idea de que ellos se atendrán a lo que diga “el pueblo en las asambleas populares” que serán convocadas, y que lo que de ellas salga debe ser de obligatorio cumplimiento, por tanto, elevadas a rango constitucional, con el consecuente desconocimiento del Congreso y la Justicia, o sea, otro golpe de estado como el del acuerdo de La Habana 2016, y así, hasta que el estado y la sociedad les quede debiendo.

Es que no parece ser el presidente de Colombia el que llega defendiendo lo que representa sino, sonrisas de por medio, los llena de carantoñas, promesas y garantías de impunidad, su amigo, el exguerrillero que los comprende y los quiere convencer de que sin las armas oxidadas es mejor y hasta más fácil tomarse el poder.

Y una última reflexión que inicio con esta pregunta: ¿qué lleva a la ONU y a sus altos representantes en Colombia a tolerar una negociación con un grupo terrorista (según el Departamento de Estado USA) sin la garantía de cesar en todas sus actividades delictivas, en especial el secuestro y la extorsión? ¿Acaso ha olvidado el contenido moral, ético y civilista de la universal Declaración de Derechos Humanos expedida en su asamblea general de 1948? ¿Han olvidado el más reciente avance que, en materia de sanciones y condenas no ya solo a los estados y gobiernos sino a todo grupo armado con pretensiones de poder político, representa el Estatuto de Roma y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional, entidad encargada de investigar, judicializar y penalizar a los responsables individuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Omitieron hacerlo con los altos comandantes de las Farc que hoy se solazan en las curules del Congreso de la República sin posibilidad de pagar un minuto de cárcel. Si con los llamados “carniceros” de los Balcanes en las guerras de la antigua Yugoeslavia y con dictadores sanguinarios de países africanos, la CPI ha sido implacable, ¿por qué en Colombia han avalado la impunidad de sistemáticas violaciones de los derechos humanos? Con el estado colombiano, un estado democrático, que ha optado por el camino de las reformas políticas y sociales, que se dotó de nueva constitución de 1991, que ha ofrecido negociaciones con políticas de reinserción, perdón y justicia transicional desde 1982, en cambio, la ONU, su Consejo de Seguridad y sus altos delegados en el país sí han procedido con todo el rigor que se requiere cuando se han descubierto graves violaciones a los DDHH.

No es justo que una sociedad que mal que bien vive en democracia y viene superando problemas sociales, pero, azotada por numerosas guerrillas, por grupos paramilitares ilegales y mafias surgidas alrededor del narcotráfico, deba declinar su ordenamiento jurídico, premiar a los criminales y garantizarles impunidad.

Es como si no mereciera respeto y respaldo nuestro estado de derecho, nuestra democracia. Es como si el carácter universal de los derechos humanos no tuviese sentido cuando se trata de los crímenes de guerrillas en apariencia justicieras, pero en realidad arbitrarias, corruptas y criminales.

Darío Acevedo Carmona, 6 de agosto de 2023

Entre los argumentos que esgrime el gobierno Petro y sus altos funcionarios para defender sus iniciativas y proyectos encontramos que hay desde los que denotan ignorancia, ineptitud, ofuscación, incoherencia, descaro hasta los que son clara irresponsabilidad. No es solo el desconocimiento sobre el funcionamiento del estado, de sus leyes esenciales, de respetables tradiciones de la población.

La mayor incoherencia  se observa a simple vista, recordemos las maneras que utilizaron durante décadas para oponerse a gobiernos que tildaban con los más negativos adjetivos que se puedan encontrar en el diccionario de lengua española, recordemos sus protestas violentas, sus acciones provocadoras y destructivas contra agentes de la fuerza pública, bienes públicos y privados, su promoción del caos, todo en nombre del derecho a la protesta. La retórica agresiva, desbordada, persistente  y sin pausa del actual presidente contra varios mandatarios y funcionarios de alto rango. El torpedeo incesante de proyectos en el congreso, la campaña de desprestigio contra nuestro estado de derecho y contra el Ejército dentro y fuera del país, el desprestigio y negacionismo de nuestra democracia, la tergiversación de los hechos, la magnificación de los abusos de poder y la generalización en la atribución de responsabilidades contra las instituciones.

El petrismo y sus aliados consideran que por haber ganado las elecciones tienen derecho a imponer todas sus iniciativas y proyectos. De esa forma desconocen que la democracia es un modelo de gobierno que exige diálogo, concertación, debate, derechos a ejercer la oposición con todas las garantías. Que los principios republicanos modernos deben ser respetados, en particular el de la separación de poderes y su colaboración armónica y que, el origen en la conformación del poder judicial, aunque no es de tipo electoral tiene un procedimiento legal que lo hace tan legítimo como los que se deben al voto ciudadano.

El petrismo y su Pacto Histórico quieren darle a su triunfo en las elecciones presidenciales un carácter absoluto, como si también lo hubiesen logrado en las elecciones para congreso, y como si se tratara del triunfo de la revolución que han soñado. Por eso vemos que proceden a su libre arbitrio, con descaro y mancillando principios de la moral y el decoro republicano. Por ejemplo, al nombrar representantes de la nación ante otros gobiernos a personajes que no reúnen las condiciones establecidas por la función pública de experticia y formación o que tienen a sus espaldas conductas inmorales.

Ellos creen que por ser “el primer gobierno de izquierda en la historia” tienen automáticamente derecho a gobernar como les de la gana violando normas y principios constitucionales en materia del modelo económico que reconoce el libre mercado, la propiedad privada, la regla fiscal, la ortodoxia y la larga tradición reconocida en el mundo en el manejo de nuestra economía.

Han humillado el estado colombiano en declaraciones oficiales ante auditorios nacionales y organismos y públicos internacionales, al tildarlo como un estado asesino, negando la democracia en actitud cínica pues gracias a ella están en gobernando. Han debilitado en profundidad a nuestra fuerza pública, tanto por el descabezamiento de su alto mando, como al colocarlo en igualdad de condiciones morales y políticas con organizaciones delincuenciales y grupos armados ilegales de ultraizquierda.

Este gobierno, por boca de su ministro de justicia quiere vender la idea de que la cárcel para grandes delincuentes es inapropiada como castigo. Su idea revela tanto ingenuidad como estupidez y confunde su opinión con lo que es política judicial de estado construida a lo largo de muchos años y en medio de profundos debates sobre filosofía jurídica.

A Petro le ha dado la ocurrencia de seguir el ejemplo de la ecologista Greta Thunberg, llevando un mensaje profético sobre la inminente extinción de la humanidad, la sexta, según su discurso anual ante el Congreso colombiano. En su deriva de marxista versión socialismo del siglo 21 hacia el militantismo ecológico en el que emula a Nostradamus con sus infundadas profecías, no hay certeza si lo hace por ganarse un lugar en el liderazgo internacional utilizando la causa ambiental o si lo que busca es crear un ambiente de distracción para ocultar su militancia comunista.

En todo caso, poco parece importarle el daño que le hace a la economía nacional con su retórica contra el petróleo, el carbón, el gas (aunque hace venias al dictador Maduro para comprárselos), contra el azúcar y sus productos derivados, la ganadería y su tolerancia con los cultivos de coca.

Para rematar, el presidente Petro incurre con frecuencia en ausencias e incumplimientos sobre los que ya circulan rumores de malas o impropias conductas de un primer mandatario, dando a entender su irresponsabilidad con respecto al deber ser de su cargo. Ataca a los medios, al poder judicial, a los ricos, a los blanquitos. Pretende que el congreso de la república debe acatar sumiso sus proyectos.

Gobernar en el marco de una democracia implica tolerancia, rectitud, diálogo, respeto, reconocimiento del adversario, escucha, en vez de amenazas, demagogia, exabruptos y  rimbombancia. Entender que las elecciones no se realizaron para validar una revolución o para crear una situación caótica.

Darío Acevedo Carmona, 29 de julio de 2023

La reciente intervención de Petro en París, reproducida por los canales nacionales de televisión el pasado 25 de junio, es una pieza maestra que muestra al presidente en el esplendor de lo que él ha sido y sigue siendo.

No hay necesidad de escribir un libro ni un ensayo para analizar los temas con los respectivos anatemas que enunció a rajatabla. Nadie está obligado a rebatir o a confrontar descalificación contra argumento, absurdos contra razón, mentiras contra hechos, porque la pieza en cuestión no pasó de ser un alarde de rabia y de odio contenido en tono ideológico y moralista.

Ante un público seleccionado de colombianos residentes en Francia, que lo aplaudían, Petro se despachó contra sectores a los que ha tomado, no por críticos ni opositores sino como enemigos, atacó a los empresarios que hacen negocios con la salud dejando entrever que son inmorales y corruptas todas las empresas que se lucran de prestar servicios de salud.

Insistió en posar de historiador al comparar algo supuestamente ocurrido en Bogotá en 1851 con motivo de la ley que eliminó totalmente la esclavitud bajo la presidencia del jefe liberal radical José Hilario López, con lo que, según él es su continuidad en pleno siglo XXI.  Así, abominó a todos los gobernantes, borró diferencias entre momentos y situaciones en una ramplonería y simplismo que da pena, despachó con dos frases la complejidad del mundo laboral, destruyó el capitalismo con dos adjetivos, etc.

Atacó a los medios porque son propiedad de familias de riquísimas casas de empresarios, y esgrimió la conclusión moralista que de ellos no se puede esperar información acertada,

Insistió en que el país siempre ha sido gobernado por una elite u oligarquía -haciendo pantomima de Gaitán- vieja consigna de movimientos y líderes populistas y de la izquierda dogmática y ortodoxa.

Denigró del Congreso porque no aprobó algunos de sus proyectos, queriendo indicar que, para él, acorde con su talante dictatorial, solo sirve todo y por eso no mencionó los que si le aprobaron.

Embriagado en su locuaz soberbia, lanzó afirmaciones mentirosas contra la oposición a la que descalificó moral, política y socialmente y culpó de todos los males e injusticias de nuestra sociedad. Se apropió la representación del “pueblo”, la “justicia”, la “verdad”, la “igualdad”, entre otras nociones de cobertura general.

En su desborde retórico afloró su afán por colocar todos los problemas en el marco de la lucha de clases, como lo hacía sin tapujos en sus primeros retozos con la civilidad, que había solapado en la campaña presidencial del 2022.

Volvió a renegar de nuestra democracia, de la cual siempre fue un negacionista a pesar de ocupar el solio de Bolívar y dominar buena parte del Congreso, gracias a ella.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese discurso delirante, emocional, desafiante e insultante? Lo primero es no caer en la ingenuidad de ver el contenido como algo nuevo o como una sorpresa. Estamos ante el mismo personaje de siempre, pero, adobado con la investidura presidencial, con amplios poderes que manejados caprichosamente son un peligro para las libertades y la democracia. Estamos ante el antiguo guerrillero que quiso desde el M-19, tomar el poder con las armas, el que siempre moldeó su pensamiento y sus objetivos desde una retórica denigrante del país, de sus instituciones, de su democracia, de sus elecciones, de su modelo económico para posicionar y justificar la idea del cambio, que en cualquier momento llamará “revolución”.

Al referirse a temas delicados no cita estudios ni estadísticas, pretende hacer un diagnóstico acertado cuya fuente es su propia palabra. Abunda en mentiras como en el caso de la salud que la hace trizas, y a la que, afirmó, las gentes humildes y viejas no tienen acceso, es la peor, y no entiende como figura entre las mejores del mundo.

De otra parte, el “nuevo” Petro, retoma sin confesarlo, la línea marxista de atizar la lucha de clases, promoviendo estigmas contra los banqueros, los grandes empresarios, las elites y la oposición, culpándolos de todos los males  del país, estimulando el odio y el resentimiento contra los “poderosos” que se niegan a tratar merecidamente a sus empleados. Se lanza contra el capitalismo desde los países donde este sistema ha sido exitoso y defiende a ultranza un mayor papel del estado. No se si en el viaje que tiene programado a la China comunista y a Corea del Sur, se le ocurrirá darles lecciones a sus dirigentes de cómo combatir la pobreza implementando el modelo capitalista.

En su lógica anticapitalista, sobresale por su irresponsable y sistemático ataque a empresarios y a miles de trabajadores que viven del trabajo en las industrias del carbón, el petróleo, el azúcar y la ganadería, a las que amenaza sin decir que hará con esos trabajadores y sus familias de las que se declara, sin sonrojarse, su protector.

No hay espacio en una columna para hablar de otros temas, como el de haber incorporado a su morral de impertinencias, la lucha contra el cambio climático, campo en el que se ve como una caricatura de Greta Thunberg.

Termino haciéndome esta pregunta ¿Qué busca o por qué Petro viola adrede el mandato constitucional que define como característica fundamental del presidente de la república ser el representante de toda la nación, el que debe procurar la unidad nacional y la concordia? ¿Por qué se le ve rabioso, retador, amenazante tendenciosos, como un agitador en vez de un mandatario?

Pienso que en medio del sentido de auto seguridad que exhibe en su oratoria, Petro tiene miedo, miedo a la oposición, de la que se burló al caricaturizarla, y a las marchas cada vez más multitudinarias. Miedo a que algunas de las investigaciones y denuncias en su contra, presentadas ante el Congreso, por recepción de dineros sucios y no declarados en su campaña de 2022 o por alteración de los escrutinios, prospere y resulte condenado indigno del cargo. Por eso recurre a la experticia del guerrillero, golpear a la vez en muchas partes y evitar concentrarse en un solo lugar. Pero también, a la estrategia en la que es muy hábil: victimizarse y culpar a la oligarquía feudal y premoderna.

Darío Acevedo Carmona, 2 de julio de 2023

La izquierda internacional se solidariza con Gustavo Petro por supuesto "golpe blando" en su contra a través de carta que deja claro su rechazo al derecho a la crítica, al ejercicio de la oposición, a las protestas cívicas, a su autoritarismo, a sus recesivos proyectos, y al imperio de la separación de poderes.

Las razones en que se apoyan Chomsky, Zapatero, Pérez Esquivel, la alcaldesa de Barcelona, entre centenares de firmas (más de 350), se basa en afirmaciones  del presidente colombiano en el sentido de que está en marcha un golpe blando en su contra por la obstrucción y saboteo a sus proyectos y persecución de órganos de la justicia.

Conviene hacer un recorrido por situaciones que se están viviendo desde mucho antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

Petro fue uno, quizás el principal instigador, de los dirigentes de la izquierda colombiana que impulsaron un largo y violento paro en 2021 contra el gobierno de Iván Duque con fines de obligarlo a renunciar por un proyecto de reforma tributaria y aumento de la pobreza y el hambre.

Petro Ganó las elecciones en un marco de garantías democráticas. Se posesionó a su manera con un discurso que causó alarma en la opinión pública.

Sobre su gobernabilidad: conformó una alianza con sectores políticos tradicionales del liberalismo, el conservatismo, el partido de la U, la Alianza Verde. El único partido que se declaró en oposición fue el Centro Democrático. De esa forma, gozó de una muy favorable bancada en las dos cámaras del Congreso de la república, suficiente para la aprobación de sus iniciativas. En esas condiciones el legislativo aprobó la reforma tributaria, más onerosa que la de Duque. También el Plan Nacional de Desarrollo en el que se inspiran los principales ejes de su gobierno.

Como es de lógica en una democracia, fueron sometidos a intensas discusiones proyectos sobre salud, pensiones, régimen laboral, educación, bajo la enseña del cambio e invocando su triunfo como su fundamento. Dichos temas suscitaron escozor por su calado e implicaciones. El presidente se obstinó en sus propuestas negándose a hacerles cambios. Ahí se produjo, muy tempranamente, la primera crisis de su alianza que se tradujo en la salida de tres ministros liberales y cambios en otros que no estaban marchando bien, como el del Interior, la de Deportes, el de áreas Tic.

Una de las primeras medidas que causó fuerte revuelo y descontento fue el llamado a calificar servicios a más de sesenta (60) generales y otros altos oficiales con el propósito no revelado de evitar o conjurar un golpe de estado.

Es de anotar que la narrativa petrista y de gran parte de sectores de izquierda se caracteriza por su recurrente negación de la democracia colombiana, por reducir nuestra historia a dos o tres frases con las que se inculpa a una supuesta oligarquía de la existencia de un régimen de opresión, esclavitud, racismo y de injusticias sociales. Dicha doctrina se extiende a demeritar las otras ramas del poder. De ahí se desprende la conclusión de que Petro apunta a hacer una transformación revolucionaria de las instituciones y la vida colombianas a punta de reformas y que por ello es por lo que se molesta y se queja de un supuesto e inexistente golpe blando.

Desde marzo de este año. Petro ha asumido una posición amenazante sosteniendo que le están impidiendo gobernar por las buenas, convocando al “pueblo” a las calles y lanzando desafíos en el sentido de que el irá hasta donde “el pueblo se lo autorice”. Esa retórica es la que ha causado preocupación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General que le ha resultado, como lo ha dejado ver en numerosos escenarios, incómoda. Debe entenderse que este es el resultado de su negacionismo de la democracia y sus instituciones y de su ignorancia o rechazo a la figura sagrada de la separación de los poderes públicos.

Lo más reciente fue el escándalo alrededor de unas maletas con dólares que comprometen a dos de sus más cercanos alfiles involucrados en chuzadas a empleadas domésticas realizadas desde organismos de inteligencia adscritos a Presidencia que derivó en la renuncia de los dos cercanos colaboradores de Petro. En uno de los capítulos de la controversia Laura Sarabia-Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela afirmó que a la campaña de Petro habrían ingresado quince mil millones de pesos de personas que no eran propiamente emprendedores. El presidente Petro en vez de dar explicaciones se ha victimizado y reiteró su denuncia de “golpe blando”

Vistos así los hechos, resulta inaudito que los firmantes de la carta se hayan prestado para sumarse a la versión oficial. Pienso que obedece más bien a la prelación que entre los círculos de izquierda tiene el sentido de la solidaridad ideológica, hasta hace unos años conocida como “internacionalismo proletario”. En esa dinámica, recientemente, se le hizo un homenaje por parte de mandatarios y personajes de estas corrientes a Cristina Kirchner, condenada por corrupción por la justicia argentina, se pudo conocer la causa del silencio ante las atrocidades que esta cometiendo el dictador comunista Daniel Ortega y se saque en limpio al autoritario Rafael Corra y al demagogo Evo Morales.

A esas personalidades no les cabe en la cabeza que lo que está sucediendo en Colombia es un debate en democracia y en libertad, propio de la separación de poderes, en torno a problemas reales. Y que los ataques a la Fiscalía, a la oposición y a los medios con un lenguaje amenazante y autoritario solo tiene la pretensión de liberarse de las acusaciones por la vía de la propaganda interna y externa para consolidar su estrategia antidemocrática y dictatorial, tan recurrida por los movimientos inspirados en el socialismo del siglo XXI.

Deberían saber los firmantes de la carta que el presidente de Colombia sea quien fuere, sólo puede ser enjuiciado por el Senado por decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al momento, Petro encara una demanda por rebasar gastos de campaña. Los demás problemas no han sido elevados a demandas, lo que está ocurriendo es lo normal en cualquier democracia, modelo adverso a la figura de inimputables y a funcionarios que se consideren por encima de todo control.

Darío Acevedo Carmona, 18 de junio de 2023

Sin duda, el presidente Petro ha demostrado una gran destreza en imponer su agenda al país. En un régimen presidencialista como el nuestro, cabe esperar eso de su primer mandatario, y, a decir verdad, es lo que viene ocurriendo entre errores y desaciertos, incoherencias, distorsiones, falsedades, amenazas y su apego literal a un libreto que, bajo el nombre de reformas, lo real es que se propone instalar un proyecto de corte revolucionario, populista y muy inclinado a la extrema izquierda.

Petro ha dejado en claro que con él los proyectos, los procesos y el estilo de mando, no se caracterizan por la elegancia ni el decoro, sino por su radicalismo, su presentación brutal, su bizarra obcecación, por el carácter desafiante y en veces ordinario que le imprime a su discurso. Para muchos de sus críticos, Petro no ha podido dar el salto a gobernar, sigue preso de su estilo de opositor. Para él, no parece existir diferencia entre las dos condiciones, muy al contrario, da la impresión de sentir un gran placer en fundirlas de tal forma que sigue siendo el opositor y como tal quiere gobernar, atacando a sus críticos, peleando con los otros poderes públicos, con insolencia, sin cuidar el efecto de sus palabras.

Petro está marcando de manera tan funesta la política que no hay día en que no provoque un escándalo, una gran polémica, como si le interesara estar, a cualquier costo y siempre, en primera línea en los titulares. Seguirle el ritmo a cada una de sus peroratas repletas de insensatez es casi imposible, y lo cierto del caso es que logra enredar a sus opositores pues en la misma medida que se descubren sus desatinos, estos pasan a segundo plano con el escándalo siguiente.

¿Hay algo de trama, algo conspirativo en todo lo que hace y dice el presidente? Los revolucionarios siempre se han valido de métodos conspirativos y aunque en el caso que nos ocupa también se detecta improvisación, espontaneísmo e irresponsabilidad, los hechos recientes dan para pensar en una trama urdida con el fin de superar la caída abrupta de su imagen en las encuestas. Me refiero a tres hechos en los que claramente se aprecia un esfuerzo por confundir a la opinión pública y a la oposición. 1. La reanimación del caso Odebrech a través del señalamiento, al cabo de las quinientas, de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, eso sí, sin tocar a quien podría ser el mayor implicado según el expresidente Uribe, Juan Manuel Santos. 2. La negativa de la juez que negó la preclusión la investigación sobre Álvaro Uribe. Y 3. El tema bomba, resucitado de buenas a primeras por gestión de la JEP luego de muchos meses de negativa, escuchar al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso quien se tomó los medios y el estrado judicial para dar rienda suelta a su rencor contra de todas las instituciones, los altos mandos militares, los empresarios, expresidentes, etc., a los que acusó de ser corresponsables de los más graves crímenes de guerra ocurridos en Colombia en las últimas décadas. Versión coincidente con la de sus enemigos de antaño.

Ni corto ni perezoso, el presidente Petro salió a pasar factura y a aprovecharse de las acusaciones y señalamientos de Mancuso, sin que lo dicho por el personaje haya sido soportado con pruebas y fuentes como lo exige la norma penal: “Nombró las personas, les puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle, millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales” manifestó el presidente, otorgándole la razón a Mancuso a pesar de la ausencia de demostración fáctica.

Fiel a su estilo difamador, en el que acredita vasta experiencia, Petro lanzó hirientes y temerarias glosas que dejan mal paradas todas las instancias del estado y de gobiernos, como cuando afirmó, cual juez de la república, que “Colombia ha sido gobernada por grandes criminales”, y ordena a la JEP investigar a políticos, expresidentes y empresarios ligados con los grupos paramilitares, desconociendo todo lo que se ha procesado y penalizado.

Petro omitió, de la misma manera que lo hizo en el pasado y lo siguen haciendo sectores de izquierda, referirse a la investigación de lo que se ha dado en llamar el frente civil de las guerrillas y a los graves, sistemáticos y horrendos crímenes cometidos por las guerrillas colombianas a lo largo de casi seis décadas de ignominioso y sanguinario accionar. Los comandantes de las Farc-ep ocupan curules en el Congreso, en asambleas y concejos, y sus  auxiliadores en la vida civil con presencia en sindicatos y Ongs y empresarios testaferros, gozan del beneficio de la impunidad gracias al oneroso acuerdo de 2016.

A qué viene o qué sentido tiene para este gobierno armar el batiburrillo de citar a la Corte Penal Internacional para que investigue y sancione a los gobernantes criminales que han gobernado a Colombia. Eso sí, sin que se le vaya a ocurrir que toquen a los criminales de guerra que hoy fungen de padres de la patria ni a los que están invitados a negociar su “paz total”.

Es obvio que uno de los fines apunta a silenciar al expresidente Uribe a quien Petro teme y a quien ha tratado, inútilmente, de derrotarlo y llevarlo a la cárcel. Él y su Pacto Histórico ven en Uribe la persona a  culpar de las dificultades habidas en el tránsito de los proyectos oficiales.

La jugada petrista, además, tiene como consecuencia la negación de que lo sucedido en el país ha sido y sigue siendo uno y varios conflictos armados, ya que todo lo agitado por sus seguidores y sus aliados se ha orientado a culpar al estado como el más grande y en veces el único responsable de los más graves hechos de violencia, convirtiendo, por tanto, el conflicto en un tema de represión de la “oligarquía sanguinaria” contra el pueblo. Cosas de la vida, mientras por un lado y bajo ciertas condiciones califican como un conflicto armado, cuando están de cara a la opinión, a gobiernos internacionales y a organismos defensores de derechos humanos, el discurso da el giro a señalar como únicos responsables al estado colombiano y a varios expresidentes.

A pasos agigantados, el accionar del gobierno petrista, claramente, busca incrementar la confusión reinante, el sentimiento de estar desgobernados, la humillación a la fuerza pública, el desprestigio del estado, de los empresarios, atizar el odio de clases y el resentimiento social, estigmatizar a las personas adineradas y destruir la confianza de la sociedad en nuestras instituciones, en la democracia y en la constitución.

Todo un sancocho indigerible adobado con las más letales hierbas del odio, la mentira, la demagogia, el populismo, el insulto, las amenazas y el autoritarismo.

Darío Acevedo Carmona, 4 de junio de 2023

La Historia como disciplina que se estudia en las universidades desde décadas, hace tiempo dejó de ser una entretención de fines de semana, una ocupación de aficionados o un objeto de especulación de cafetines o de esquinas de barrio.

Como cualquiera otra de las llamadas ciencias humanas, al fin de cuentas toda ciencia o disciplina es asunto de humanos, ha construido unas bases, métodos, teorías, requisitos que deben ser aprendidos por quienes quieren realizar estudios e investigaciones sobre los fenómenos, situaciones y aconteceres del pasado. A su alrededor se han constituido escuelas, tendencias, líneas relativas a la geografía, la sociedad, la cultura, la economía, la política, las ideas, desde las que se busca responder a preguntas e inquietudes del qué, dónde, cuándo, cómo, quiénes, entre otras más sofisticadas que se expresan por medio de hipótesis.

Para abordar tal complejidad se exige una gran rigurosidad de tal manera que lo que se va a desarrollar y plasmar en escritos de diversa magnitud no sean simples ocurrencias u opiniones y que, por el contrario, cada afirmación y cada tesis sea demostrada y soportada con fundamento en fuentes creíbles.

De otra parte, como también se da en el mundo de las ciencias y las academias, alrededor de cada disciplina se constituyen las llamadas comunidades de colegas que construyen con sus saberes los hitos y los consensos que permiten aclarar-formular hallazgos, teorías y explicaciones, como también avanzar hacia terrenos o temas no explorados o conjurar el síndrome adanista consistente en pensar que todo empieza de cero.

Digo todo esto no solo para mostrar que la Historia, con mayúscula, es compleja y por ello ajena al sentido común, sino también, para que se entienda que ella no debe ser objeto de manipulación ideológica, política o religiosa. Sin embargo, en Colombia ya hay sectores y tendencias políticas que, no contentos con “cambiar” el presente, quieren imponer una revisión a fondo de nuestro pasado.

En particular, me parece de suma gravedad que el presidente Petro y sus cuadros intelectuales pretendan vendernos como parte de su programa de gobierno una revisión, que, de aceptarse, derrumbaría todo lo que han publicado desde el siglo pasado juiciosos escritores, estudiosos e historiadores profesionales.

Petro intenta, desde la investidura que le confiere el cargo de presidente, desfigurar todo lo que se ha escrito y publicado con frases que parecen más consignas de combate, como cuando en actitud simplista reduce la historia de Colombia a un relato de injusticias, de esclavitud y racismo, de exclusión y explotación, de represión, de una sociedad hecha a punta de violencia y guerra, etc., lo cual debe alarmar no solo ya a historiadores profesionales sino a la sociedad entera por cuanto se están poniendo en entredicho narrativas y símbolos que hacen parte de nuestra identidad nacional.

En alguno de sus ensayos sobre la historia política del país, el historiador francés Daniel Pècaut (ver referencia al final), colombianista reconocido, calificó de vulgata histórica algunas afirmaciones del poeta William Ospina que afirmó que Colombia es un país de asesinos sin tomarse la molestia de cumplir con el deber de demostrar dicha frase. En la década anterior el historiador colombiano, Eduardo Posada Carbó, en un largo ensayo, escrito con rigurosidad, planteó el problema de la actitud destructiva de un sector de historiadores y de algunos intelectuales que, en actitud reduccionista y vulgarizando la historia, caracterizan a nuestro país como un país formado en la violencia permanente. Su libro, La Nación soñada (ver referencia al final), es una defensa del oficio del historiador, del buen nombre de la disciplina histórica y de denuncia de la visión fatalista de nuestra sociedad.

Ese tipo de versiones no se limita a reducir el pasado a una frase efectista y demagógica, sino a justificar el adanismo plasmado en la idea del “Cambio”, cambio que, según el presidente Petro significa y alude a todo, pues con él nace, al fin, la democracia, La libertad, la justicia y será el fin del esclavismo, de la oligarquía y la exclusión.

En suma, Colombia estaría ad portas de una revisión, ¿“revolución”? que hará añicos su Constitución, sus instituciones, sus valores, su modelo económico, sus avances, sus derechos. ¿Cómo lo harán? ¿Será que, como dijo Petro en uno de sus discursos, bastaría que al crimen dejemos de llamarlo crimen, para que así bajen las estadísticas y entonces, ya no habrá crímenes? y así con todo lo malo.

La vulgar historia del presidente y su movimiento consiste en reducir el pasado a la lucha de clases, paradigma comunista hoy agotado en las ciencias sociales y humanas, eliminar las grandes diferencias entre unas épocas y otras, negar lo conquistado, los cambios, las vicisitudes, borrar momentos y personajes, inventar héroes y reducir todo a frases de cajón, sin ninguna demostración dialéctica o analítica y de fuentes.

Darío Acevedo Carmona, 21 de mayo de 2023

Referencias: Pécaut, Daniel. Violencia y política en Colombia: elementos de reflexión, Hombre Nuevo Editores, Bogotá, 2003.

Posada Carbó, Eduardo. La Nación soñada, Editorial Norma, Bogotá, 2006

En una de sus intervenciones recientes, el presidente Gustavo Petro cifró el costo de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en 300 billones de pesos y alegando la insuficiencia de recursos del erario, el supuesto incumplimiento del gobierno de Iván Duque en la implementación del “acuerdo de paz” del 2016, propuso que el Banco de la República emitiera ese dinero. De no hacerlo, indicó, el estado se tomaría más de cien años en la ejecución de ese compromiso.

Varios son los aspectos que se deben considerar para estructurar una opinión razonable ante tan delicado asunto. El estado colombiano, en contra de lo que afirman sectores progres, de izquierda y ultraizquierda y hasta desmovilizados, ha puesto en marcha leyes de compensación y reparación integral para las víctimas.

Sin embargo, las consecuencias humanitarias de un conflicto armado extenso, atomizado, y que no termina, son tan profundas, horrendas, numerosas y dolorosas, que se dificulta el cumplimiento de metas establecidas sin tener en cuenta al menos tres variables, la primera es la referida a la complejidad del fenómeno, la segunda es que por parte de algunas legislaturas y en sentencias de altas cortes, la obligación de tener siempre en cuenta el costo de cada ley y la fuente de su financiación, la regla fiscal, no se ha tenido en cuenta, y la tercera, la pretensión de que el estado sea el único responsable de todos los programas de atención a las víctimas.

Pienso que es muy importante valorar algunas cifras estructuradas por el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), basado en la consulta de 653 fuentes y 33.497 bases de datos y documentos por parte de funcionarios y contratistas profesionales en la materia.

El periodo cubierto va desde 1958, (debería ser desde 1964 que es el verdadero inicio del levantamiento armado de las guerrillas) al 31 de marzo de 2023, último corte realizado.

Total, hechos de violencia: 361.036. Personas directamente afectadas: 421.806. Víctimas fatales: 269.306.

Estas cifras difieren de las acopiadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV), entidad creada por la Ley de Víctimas 1448/2011, que incluye a las víctimas indirectas y se acercan a los 10 millones de personas. Si se atendiera una por una tanto en la reparación material (tierras, retornos, indemnizaciones, compensaciones económicas, vivienda, proyectos, etc) como en la simbólica (relatos de memoria, investigación académica, lugares de memoria, museos y casa de memoria, etc.), el lapso para atenderlas sería de varios siglos.

Por otra parte, los 300 billones de que habla Petro se convertirían en una suma pírrica de tener que cumplirles a todas y cada una de las víctimas, es decir, en un tiempo razonable y sacrificando de paso todas las obligaciones que en otros campos debe cumplir el estado.

Si miramos las cifras sobre víctimas  y los responsables según el OMC, tenemos lo siguiente: grupos paramilitares 95.200, 22.57%. Dos o más grupos: 50.886, 12.06%. Guerrillas: 36.681, 8.70%. Autores desconocidos: 37.392, 8.86%. Grupos armados no identificados: 29.172, 6.91%. Agentes del estado: 8.569, 2.03%. Grupos armados posdemovilización: 5.703, 1.35%.

Como quiera que la desmovilización de varios de los grupos armados organizados (GAO) han asumido compromisos en las negociaciones con el estado para reparar a las víctimas, pidiéndoles perdón, contando la verdad de los hechos, aportando dinero, tierras, semovientes, entre otros insumos, es de esperar que la responsabilidad es plural y en sana lógica no puede recaer solo en el estado, no siendo este el culpable del mayor número de víctimas.

A todas luces, hasta la fecha no ha existido proporcionalidad en la inmensa tarea de reparar a las víctimas y, por tanto, es injusto que el presidente actual, las fuerzas que hacen parte de su coalición y sectores de la comunidad internacional y el mundo diplomático, responsabilicen y acusen solo al estado por supuesto incumplimiento.

Y una reflexión para ponerla en el tapete, urge revisar las categorías de víctimas: directas e indirectas, comunidades, familias, individuos, a la luz de las once conductas violentas violatorias del derecho internacional humanitario para planear y adoptar de manera realista las compensaciones materiales y simbólicas a que haya lugar en vez de lanzar disparatadas propuestas.

Darío Acevedo Carmona, 23 de abril de 2023

Fuente: Observatorio de Memoria y el Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, 31 de marzo de 2023.  https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/infografias/balance-general/

En Francia ante la presentación de un proyecto de reforma pensional las fuerzas de oposición se han lanzado a las calles para expresar su descontento. Igual está ocurriendo en Israel donde todo tipo de sectores de la sociedad hacen lo mismo para oponerse al proyecto de reforma del poder judicial presentado por el primer ministro Netanyahu.

Ambos países están regidos por una sólida democracia que respeta tales manifestaciones y donde los gobiernos que a ella se deben, entran en negociaciones con los representantes de la oposición con el fin de buscar acuerdos. Es de toda lógica que así ocurra, pues democracia quiere decir transacción, negociación y no imposición. Y porque en regímenes republicanos, liberales y democráticos como lo son Francia e Israel, la movilización y la protesta social ante medidas de gobiernos de turno, es respetada y escuchada, diferente a lo que ocurre en gobiernos populistas y dictatoriales, como lo hemos visto en tiempos recientes en Cuba y Nicaragua donde se castiga con violencia oficial, con cárcel y hasta con deportación de líderes toda expresión de protesta masiva.

En Colombia, tal como discurre el debate en torno de los proyectos presentados por el gobierno de Gustavo Petro sobre salud, pensiones, régimen laboral, plan de desarrollo, paz total, entre otros, corre peligro el derecho de la oposición y de sectores que se verían afectados por tales iniciativas, a manifestarse en las calles, en los medios y aún desde algunos entes del estado.

Sin que el repudio o el debate haya llegado a los niveles que se han vivido en Francia e Israel, es decir, sin que se hayan realizado grandes movilizaciones, a las que se tendría, además, todo el derecho, el presidente Petro se ha desmadrado en atacar a los gremios, a la prensa y a los partidos de oposición, traspasando las líneas rojas que separan una democracia de una dictadura.

Es lo que se desprende de su retórica agitacional con la que apela en genérico al “pueblo” que él dice ser y representar y al referirse a un supuesto “golpe de estado” que nadie está proponiendo o ventilando, al menos, desde quienes son sus adversarios, y más bien, se hace desde su propio territorio donde se llama a “salir a las calles” a “la revolución”, a “dar el paso definitivo”. O como  en un mitin con líderes de Juntas de Acción Comunal a las que ha tratado de conquistar empoderándolas en funciones políticas que nunca han desempeñado, como la de movilizarse en defensa de los proyectos del gobierno.

En dicho mitin Petro hizo gala de su tono amenazante, impropio de un mandatario elegido en democracia y de todos los colombianos, advirtiendo a quienes rechazan sus proyectos a que “ni se atrevan” a impulsar “un golpe de estado blando” porque “el pueblo está empoderado, ejerce el poder” y se puede desatar “un estallido social”, etc.

Hay imágenes y videos que demuestran la manera como el presidente Petro se deleita enervando a sus seguidores, apelando a las bajas pasiones que, al decir de los estudiosos del comportamiento de la masa, como Elías Canetti en Masa y poder, Sergio Daniel Labourdette en Mito y política y Serge Moscovici en La era de las multitudes, es la técnica que facilita la absorción del individuo, es decir, la pérdida de su autonomía, su conversión en un simple número que se mueve y reacciona pasionalmente a lo que dicta el caudillo.

De a pocos, la población colombiana se va dando cuenta del dañino proceder de un presidente que enarbola la consigna “del gobierno del cambio”, que, a decir verdad, es un retroceso a momentos y a experiencias de ingrata recordación en diferentes países.

Una cosa es hablar de las ideas y la personalidad de quien no ha dejado de ser un gran agitador revolucionario, muy otra es que, las gentes puedan constatar por su propia mirada y vivencia, la aventura destructiva a la que está siendo conducida nuestra nación.

Ya lo decía, y perdón por apelar a lo que escribí hace unas semanas, que la alianza forjada por Petro fracasaría en pocos meses, es lo que estamos presenciando, y que lo que sigue puede ser tan peligroso si se da el paso, como incitó un irresponsable pero firme comunista precandidato presidencial (Alfredo Saade), a la vía insurreccional para consolidar el proyecto revolucionario y sea convocada una asamblea constituyente citada con las condiciones de Petro.

Darío Acevedo Carmona, 9 de abril de 2023

En la cadena de escándalos causados por el presidente Petro, sus ministros y altos funcionarios, al jefe del Ejecutivo se le ocurrió hacer referencia a la Ley de Justicia y Paz de 2005, cuyo objeto es el de facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y sometiendo a medidas de justicia transicional a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Desde Barrancabermeja en un evento sobre reparación a víctimas de los paramilitares, según informó la revista Semana (22/03/23), “arremetió contra dicha ley” diciendo: “Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticara, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino… No se podía volver al narcotraficante político que desde el ámbito de la economía habían creado, en su afán de acabar con las bases sociales de esa insurgencia… creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”. Agrega la revista Semana que Petro convocó a los exjefes paramilitares “a revelar la verdad sobre la indemnización de las víctimas”.

A renglón seguido, el presidente Petro salió en defensa de su proyecto de sometimiento de las bandas criminales: “El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de indemnización, para que nunca más se junte la esvástica del nazismo con el narcotráfico”.

Lo dicho por él no difiere mucho de sus apreciaciones negativas en 2005 y años siguientes. Lo que confirma la percepción de muchos analistas y comentaristas en el sentido de que Petro no ha dejado de ser un agitador opositor y que no ha entendido el rol que hoy tiene gracias a la democracia en la que no cree.

Varias precisiones debemos tener en cuenta  para que quede en evidencia la ausencia de coherencia política y simetría jurídica en el proceder del primer mandatario. Sobre el tema de la impunidad, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz se estableció una condena de ocho años aplicable a los altos mandos de esos grupos responsables de crímenes de lesa humanidad, penas que se han cumplido y en algunos casos, varios capos fueron extraditados por violación de compromiso de no repetición.

De otra parte, en el trámite de discusión y aprobación de dicha Ley hubo intervención decisiva de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Congreso de la Repúblicas y del Ejecutivo de entonces. Ningún jefe  de esos grupos se convirtió en actor o candidato político. Nunca se les dio trato de contraparte del estado ni se les reconoció estatus de beligerancia.

Deformar esas realidades históricas y mentir es un fácil recurso demagógico, sobre todo si lo que se busca por parte del presidente Petro es marcar diferencias con su cuestionado proyecto de sometimiento de grupos al margen de la ley el cual está plagado de los vicios y adefesios que se evitaron en el proceso de 2005. Ningún jefe paramilitar fue convertido en misionero o agente de paz.

En cuanto a la contribución a la verdad, la ley 1424 del 10 de junio de 2010, con el ánimo de resolver la situación judicial de desmovilizados de base de estos grupos, no incursos en delitos de lesa humanidad, en su artículo 14 crea el mecanismo de sometimiento exigiendo de cada uno contribución al esclarecimiento de hechos trágicos y la firma de un compromiso de no repetición. Para el cumplimiento de esta función se responsabilizó al Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, a través del Decreto-Ley 2244, artículo 14, del 28 de junio de 2011. Esta entidad cifró en 18.306 el número de personas que habrían de ser citadas.

Bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, el CNMH (2012-2018) y la de quien escribe este texto (2019-2022) se culminó de manera exitosa esta tarea, de la cual, además, quedan como testimonio esclarecedor del fenómeno paramilitar 16 amplios y detallados informes y la realización de numerosos eventos con las víctimas de masacres, magnicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores, destrucción de bienes y desplazamiento forzado.

Este método que se denomina “Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, ha sido objeto de reconocimiento internacional por su contribución a la verdad, a la reconciliación y a la no repetición, como ejemplo de justicia transicional, así mismo, como un método que podría ser aplicado en conflictos armados en otros países.

Lo que resulta incoherente en las palabras del presidente Petro es que en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se incluye un artículo que reivindica la aplicación de tal Mecanismo  a los desmovilizados no solo de las bandas criminales sino de las guerrillas sin hacer la excepción o claridad sobre lo que ocurriría con los criminales de guerra. Incluso, dispone que los altos comandantes de las guerrillas sean trasladados de la Jurisdicción Especial para la Paz al Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que carece de funciones judiciales, por lo que, de aprobarse tal como está escrito, constituiría, ahí sí, una flagrante impunidad violatoria del estatuto de la Corte Penal Internacional del que es parte nuestro país.

Darío Acevedo Carmona, 26 de marzo de 2023.